Twitter, en el punto de mira de los gobiernos opresores

En los últimos días, estamos asistiendo a una proliferación de las intimidaciones a la libertad de expresión a través de Twitter.

Una bloguera ha sido condenada a 20 meses de cárcel por criticar al emir de Kuwait, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Sara Al Driss ha sido acusada de publicar cuatro tuits que “minan el estatus del emir”, aunque la sentencia podría suspenderse si la joven pagase una multa de 200 dinares kuwaitíes (alrededor de 540 euros).

El gobierno kuwaití lleva tiempo señalando que castigará a todos los usuarios de redes sociales que publiquen comentarios críticos con los valores tradicionales establecidos. Dicho y hecho. Actualmente, hay dos blogueros encarcelados en Kuwait y al menos 25 personas han sido imputadas.

La privación de este derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos parece haberse asentado en Turquía. Desde la protesta ciudadana del pasado viernes contra el proyecto de urbanizar el Parque Gezi en Estambul, las redes sociales se han convertido en la herramienta principal para convocar a los manifestantes y para protestar contra la violencia policial. Las movilizaciones han dejado tres muertos y miles de heridos. Además, entre los numerosos detenidos hay al menos 29 personas acusadas de incitar a la sublevación y de difundir propaganda a través de Twitter.

En el país con más periodistas encarcelados del mundo (32 de 175), los principales medios de comunicación guardan silencio ante el estallido turco. No les importa el deber de informar. No les importa denunciar las injusticias. El cuento no es nuevo: la mayoría de las empresas mediáticas son afines a la ideología del partido del primer ministro o prefieren no enemistarse con quienes mantienen relaciones comerciales.

¿Era necesario otro Watergate para garantizar la confidencialidad de las fuentes periodísticas?

Frente al escándalo de las escuchas de las conversaciones telefónicas de periodistas de la agencia Associated Press por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la administración de Obama ha querido demostrar su compromiso con los periodistas y las fuentes mediante el anuncio de la presentación ante el Senado de un proyecto de ley que refuerce la protección de estos proveedores de información a los periodistas. Garantizar el derecho de las fuentes de mantener su carácter confidencial es imprescindible para que se atrevan a denunciar casos de corrupción o violaciones de derechos humanos, entre otros.

Con la nueva legislación, se crearía un marco legal que permitiría a los periodistas no revelar sus fuentes y establecería limitaciones para la exigencia por parte del gobierno de la confesión de la identidad de esas fuentes, el cual tendría además que argumentar ante un juez la necesidad de hacerse con la información. Serían excepción los casos en que la información amenace la seguridad nacional, principalmente si permite impedir un atentado terrorista. 

Esta vez no parece que la administración estadounidense vaya a sufrir el nivel de daños que alcanzase a Richard Nixon, que tuvo que dimitir por el caso Watergate. El gobierno ha justificado el espionaje con la necesidad de identificar a la persona que informó en 2012 a la agencia de noticias sobre una operación de la CIA en Yemen para evitar un atentado de Al Qaeda en un avión que se dirigía a EE.UU. En la carta de protesta enviada el pasado lunes por el presidente ejecutivo de Associated Press, Gary Pruitt, al fiscal general, Eric Holder, se menciona que no existe justificación ante semejante violación de la libertad de prensa y se exige la entrega de las grabaciones y la destrucción de las copias. Pues bien, tras la respuesta del DOJ, la agencia ha hecho pública su opinión al respecto. Se ha quejado de que en ella simplemente afirman que las autoridades han cumplido con la ley y reclaman más explicaciones: "porque todavía no nos han dicho específicamente lo que están investigando". 

"Hablar sin riesgo": Día Mundial de la Libertad de Prensa

Hoy se conmemora el 20º aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y el lema elegido para este año es: “Hablar sin riesgo: Por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios”.

Cada día este derecho fundamental se enfrenta a nuevas amenazas. La seguridad de periodistas, blogueros y autores que escriben en las redes sociales es desafiada mediante asesinatos, secuestros, agresiones físicas, intrusiones en la intimidad y espionaje cibernético.

Hasta la fecha, las cifras del Barómetro de 2013 de Reporters Without Borders (Reporteros Sin Fronteras) son escalofriantes: 19 periodistas asesinados, 9 internautas y blogueros asesinados, 174 periodistas encarcelados, 162 internautas encarcelados y 13 colaboradores encarcelados. La mayoría están en cárceles de países como China (29 periodistas y 69 cibernautas) e Irán (25 periodistas y 26 cibernautas), considerados los principales enemigos de la libertad de expresión en Internet. Aunque la cárcel con más periodistas entre rejas es Turquía, donde se encuentran recluidos 33 profesionales, algunos de ellos desde 2006.

Proclamado oficialmente por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en 1993, el 3 de mayo “es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, para evaluar la libertad de prensa, para defender los medios de comunicación de los atentados contra la independencia y para rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el cumplimiento de su deber”. Pero con un solo día no basta. Hay que combatir la impunidad de los crímenes contra informadores y ciberactivistas durante los 365 días del año.

Debate en LinkedIn posterior a la publicación del post:

Periodistas y blogueros mexicanos sufren espionaje electrónico

Informadores de los estados mexicanos más afectados por la corrupción y el narcotráfico reconocen sufrir vigilancia digital y móvil por parte de autoridades oficiales y organizaciones criminales; según una encuesta realizada por Freedom House y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ). 

El proyecto "Seguridad digital y móvil para periodistas y blogueros" señala que a la ola de asesinatos, secuestros y agresiones físicas de los últimos años, se suman los ataques digitales, principalmente el pirateo de correo electrónico y el espionaje cibernético. La seguridad de las cuentas de redes sociales y sitios web también preocupan a los encuestados. 

La mayoría de los 102 periodistas y blogueros de 20 estados de México que fueron entrevistados entre octubre y noviembre de 2012 dijeron poseer escasos conocimientos sobre herramientas de codificación de datos y de destrucción segura de información. Ante esta situación de vulnerabilidad, la muestra alerta de la necesidad de usar protocolos de reducción de riesgos digitales y recomienda la creación entre profesionales, equipos editoriales y organizaciones internacionales, de una red dedicada a la seguridad en línea y móvil.