¿Era necesario otro Watergate para garantizar la confidencialidad de las fuentes periodísticas?

Frente al escándalo de las escuchas de las conversaciones telefónicas de periodistas de la agencia Associated Press por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la administración de Obama ha querido demostrar su compromiso con los periodistas y las fuentes mediante el anuncio de la presentación ante el Senado de un proyecto de ley que refuerce la protección de estos proveedores de información a los periodistas. Garantizar el derecho de las fuentes de mantener su carácter confidencial es imprescindible para que se atrevan a denunciar casos de corrupción o violaciones de derechos humanos, entre otros.

Con la nueva legislación, se crearía un marco legal que permitiría a los periodistas no revelar sus fuentes y establecería limitaciones para la exigencia por parte del gobierno de la confesión de la identidad de esas fuentes, el cual tendría además que argumentar ante un juez la necesidad de hacerse con la información. Serían excepción los casos en que la información amenace la seguridad nacional, principalmente si permite impedir un atentado terrorista. 

Esta vez no parece que la administración estadounidense vaya a sufrir el nivel de daños que alcanzase a Richard Nixon, que tuvo que dimitir por el caso Watergate. El gobierno ha justificado el espionaje con la necesidad de identificar a la persona que informó en 2012 a la agencia de noticias sobre una operación de la CIA en Yemen para evitar un atentado de Al Qaeda en un avión que se dirigía a EE.UU. En la carta de protesta enviada el pasado lunes por el presidente ejecutivo de Associated Press, Gary Pruitt, al fiscal general, Eric Holder, se menciona que no existe justificación ante semejante violación de la libertad de prensa y se exige la entrega de las grabaciones y la destrucción de las copias. Pues bien, tras la respuesta del DOJ, la agencia ha hecho pública su opinión al respecto. Se ha quejado de que en ella simplemente afirman que las autoridades han cumplido con la ley y reclaman más explicaciones: "porque todavía no nos han dicho específicamente lo que están investigando".